Golazo a la salud y al sentido común
'¡Gol por la escuadra!'. Es lo primero que pensé al leer la noticia del acuerdo que han firmado Philip Morris y Altadis con la Guardia Civil para luchar contra el contrabando de tabaco. Hace daño a la vista ver a una tabaquera pagando a la Benemérita cámaras acuáticas, sistemas de visión nocturna, escáner...
Todo un golazo y, además, en propia meta, porque se permite a estas corporaciones aparecer ante la gente como garantes de la legalidad y el buen hacer. En fin, todo un gol magistral de imagen corporativa que voy a tratar de repetir a cámara lenta para que el lector que no tenga el ojo hecho este tipo de jugadas pueda juzgar con criterio táctico.Desde 2004, las cuatro mayores compañías de tabaco del mundo han pagado miles de millones de dólares en multas para resolver sus casos de contrabando en Europa y Canadá.
En el año 2000, la Comisión Europea y estados miembros de la Unión emprendieron acciones legales contra ellas acusándolas de "contar con un sistema global continuo para el contrabando de cigarrillos, blanqueo de los ingresos del tráfico de narcóticos, obstrucción de la supervisión gubernamental, sobornos a funcionarios públicos extranjeros, actividades comerciales ilegales con grupos terroristas y estados que respaldan el terrorismo". Como resultado de esas acciones legales, las empresas Philip Morris Internacional (PMI) y Japan Tobacco Internacional (JTI) cerraron sus casos en 2004 y 2007, respectivamente, mediante el pago de más de 1.600 millones de dólares a la Comisión Europea y a estados miembros por el reconocimiento de las pérdidas fiscales sufridas por sus actos ilícitos. PMI salvó la demanda en su contra mediante un acuerdo legalmente vinculante y evitó así verse obligada a admitir su culpabilidad.
Los 200 lobbistas de Phillip Morris en Bruselas debieron hacer bien su trabajo, porque, tras tres años de reuniones confidenciales, llegaron a un acuerdo con la CE que se firmó en 2004 y que tras 12 años de duración vence en 2016.
Precisamente, el mes pasado, la Defensora del Pueblo Europeo (Ombudsman), la irlandesa Emily O'Reilly, denunció la falta de transparencia en la reuniones que mantuvo la anterior Comisión Europea, bajo la presidencia de Durao Barroso, con la industria tabaquera, e instó al nuevo ejecutivo comunitario a que publicase estas informaciones.
Se trataba, por una parte, de impedir que Philip Morris siguiera implicada en el comercio ilícito de sus propios cigarrillos y castigar a la empresa cuando se realizase una incautación grande, y, por otra parte, de encontrar una manera de que los estados miembros de la UE recuperasen los ingresos por impuestos dejados de percibir. Pero ocurre que los agentes de aduanas dependen de la propia tabaquera para determinar si los cigarrillos incautados son originales (sujetos a pagos) o falsificaciones (no sujetos a pagos por incautación). El acuerdo dispone que este hecho sea analizado por el fabricante, con lo que el resultado ha sido el previsible: hasta ahora los pagos por incautación de cigarrillos ilícitos han sido ridículos, sólo el 0,5 % de los 3.800 millones de cigarrillos incautados en la UE en 2012 eran originales. Lo que conlleva que los gobiernos no vean un duro por los ingresos perdidos.
Mis queridas futboleras y futboleros se preguntarán: ¿Cómo deciden PMI y las otras grandes empresas tabaqueras si las incautaciones son auténticas o si se trata de falsificaciones? Los fabricantes de tabaco se basan en un sistema denominado Codentify desarrollado internamente por Philip Morris, y que puede ser utilizado gratuitamente por otras empresas tabaqueras (Japan Tobacco International, British American Tobacco, Imperial Tobacco). Codentify crea un algoritmo de 12 cifras que se aplica a cada paquete de cigarrillos para seguirlo a lo largo de su cadena de suministro mediante un código escaneable. Éste es el trasfondo del partido. Volviendo ahora a la jugada del gol, ya os habréis dado cuenta que el convenio con PMI no es otra cosa que una manera de utilizar a la Guardia Civil para el desarrollo del sistema Codentify propio de Philip Morris, que, además, no cumple con los requisitos del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de los Productos del Tabaco impulsado por la Organización Mundial de la Salud y firmado el pasado año por España, y que establece en su artículo 8.2 que el sistema de seguimiento y rastreo debe de ser controlado por el Estado de forma independiente de la industria tabaquera.
Este protocolo no es el único acuerdo que contravienen los jugadores. El artículo 5.3 del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco exige a los Estados que sean responsables y transparentes en todos sus contactos con la industria. Ahora bien, una cosa es pedir datos a una tabaquera, y otra muy distinta es dejarse financiar por ella. Hablando claro: ¿cómo es posible que una tabaquera pueda financiar a quien se supone que tiene que luchar contra el contrabando, cuando ha quedado patente que es la propia industria quien puede estar detrás? La financiación de estos sistemas policiales de control tiene que provenir de los impuestos al tabaco y no del dinero oscuro de quien lo fabrica y trafica con él.
La Salud Pública y la ciudadanía han visto la jugada, han visto que el gol no es válido y además piden tarjeta roja, tanto aquí como en Bruselas, pues en su lucha contra el contrabando de tabaco, Europa tiene que buscar una solución más eficaz y eficiente que el actual acuerdo con PMI.
El tiempo de juego no ha acabado, queda partido por delante. Tras el descanso viene una segunda parte donde el futuro se llama empaquetado genérico de tabaco. Seguro que dirán que su implantación también estimula el contrabando. Nada más lejos de la realidad: lo que estimula el paquete neutro es que nuestras chavalas y chavales no empiecen a fumar.
¡Qué le vamos a hacer! El mundo y la Salud Pública se mueven en esa dirección. Australianos, británicos, franceses e irlandeses ya han dado el paso hacia la Revolución Caqui. ¿Por qué nosotros no?
La salud de todos está en juego, y este partido lo vamos a ganar.
(*) Joseba Zabala Galán es especialista en Salud Pública, coordinador de la Iniciativa Ciudadana XQNS!, premio Reina Sofía de las Drogas y miembro del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo.
