¿Por qué nosotros no? Acción Ciudadana por la Salud y el cambio de la Ley Española de Tabaco

Castigados por cumplir las leyes

29/12/2009 Eduardo Alonso Millet. Hostelero (Segovia)

En estos tiempos de crisis que nos afecta a todos, cualquier pérdida de competitividad puede suponer un grave riesgo para la continuidad de una empresa. Hay factores que los empresarios podemos mejorar para que esa pérdida no se produzca pero hay otros que, desgraciadamente, nos vienen impuestos de la manera más injustificada.

Me refiero a un caso muy concreto que se ciñe al sector de la restauración y la hostelería, al que pertenezco y en el que he ostentado diversas funciones de representación. Todo arranca con la mal llamada Ley Antitabaco que luego fue desarrollada reglamentariamente por las comunidades autónomas.

La intención de la norma, según lo que proclamó entonces la ministra Salgado, era clara: preservar la salud de los ciudadanos extendiendo los espacios sin humo. Y se incidió especialmente en la prohibición total de fumar en los centros de trabajo. Aquí nos encontramos con la primera excepción: los propietarios de los establecimientos de hostelería de unas determinadas características tienen potestad de elegir si en sus locales se permite ...

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... fumar o no.

Sin entrar a valorar la tibieza de esta medida, que deja la Ley Antitabaco completamente coja, sí me gustaría hacer hincapié en la injusticia que supone que en estos locales, que son centros de trabajo como cualquier despacho del Ministerio o como los propios estancos, se abra la posibilidad de llenarles de humo.

¿Por qué los empresarios y los empleados de la hostelería quedan al margen de la protección que desde el Ministerio de Sanidad se promulga? ¿Por qué todos los que nos dedicamos a esta actividad tenemos que soportar los humos propios y ajenos?

Es verdad que tenemos la posibilidad de declarar a nuestros establecimientos como zonas libres de humo, y yo lo he hecho en el mío. Pero nadie parece querer recordar que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es una Ley orgánica, obliga a los empresarios a velar por las condiciones de salubridad de sus trabajadores.

Concretamente, en el Capítulo III, artículo 14, la Ley 31/1995 de 8 de noviembre dice textualmente: “Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”. Y a continuación especifica: “A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”.

De modo que los pocos hosteleros, como yo, que hemos decidido cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales propiciando un ambiente de trabajo sano a nuestros empleados, nos enfrentamos a una merma competitiva evidente y a una competencia desleal respecto a quienes no lo han hecho.

¿Es justo que paguemos estas consecuencias (reducción de la cifra de negocio, cancelaciones de última hora...) simplemente por cumplir la Ley? ¿En qué otros casos se castiga al ciudadano por acatar las normas y no al revés?

Más preguntas: ¿Hasta cuándo tendremos que soportar los que respetamos y cumplimos la normativa que algunos clientes te digan que no van a tu negocio porque no les dejas fumar? ¿Quién les va a explicar que no soy yo quien se lo prohíbe sino el sentido común y la Ley? ¿Por qué tenemos que asumir pérdida de clientes por causas que son completamente ajenas a nuestra profesionalidad, como es la calidad de la comida, la corrección del servicio o la comodidad del establecimiento?

Como digo, no es tanto la laxitud de la Ley Antitabaco y sus desarrollos comunitarios; es que la Ley de Prevención deja muy claro que si condenamos a nuestros trabajadores a respirar humo durante toda su vida laboral estamos primero causándole un perjuicio de consecuencias muy graves y segundo estamos saltándonos a la torera una Ley como la citada. Entonces, que nos diga claramente el Gobierno si las leyes están para cumplirlas o para obviarlas, y si ese criterio vale, por ejemplo, para el pago de impuestos.

¿Qué tiene que pasar? ¿Que un trabajador de la hostelería denuncie al empresario después de que le detecten un cáncer de pulmón a pesar de no fumar? Recientemente, un estudio del Instituto Catalán de Oncología certifica que los empleados de bares donde se fuma tienen un nivel de nicotina que duplica o triplica el de los trabajadores de ambientes sanos.

¿O vamos a esperar a que la mayoría de los países desarrollados y también subdesarrollados prohíban fumar en cualquier espacio público para entonces tomar nosotros la misma decisión? Argentina, Uruguay, Irlanda, India, Inglaterra, Malta, Suecia, Francia, Italia, Noruega, Turquia... ya figuran en esa lista.

Urge tomar una decisión, señor Ministro de Sanidad. O todos jugamos con las mismas cartas, o se rompe la baraja por donde se pueda. Sean ustedes valientes y, sobre todo, no nos sigan perjudicando a los que respetamos rigurosamente las leyes.

Eduardo Alonso Millet

Empresario. Propietario del restaurante Venta Vieja en Ortigosa del Monte (Segovia)


El apartheid de los no fumadores

17/12/2009 Ubaldo Cuadrado García De Arboleya (Cádiz)

EN 1884 Ida B. Wells, negra, había adquirido un billete de primera clase en el ferrocarril de Cheasepeake & Ohio. El revisor le pidió que se levantara y se fuera al vagón de los Jim Crow (forma despectiva de referirse a los negros). Ida se negó alegando que tenía su billete y que el vagón al que querían enviarla era...¡De fumadores! y ella era una dama. Esta activista negra que no renunció a su asiento 70 años antes de que lo hiciera Rosa Parks, madre de la lucha por los derechos civiles, puede también considerarse la primera luchadora antitabaco. Ida, obligada por 3 hombres blancos a salir del tren y regresar a pie a su casa pleiteó y ganó en los juzgados de primera instancia una multa de 500 dólares que fue después desestimada por la Corte Suprema de Tennessee. En España, Luis José Merino Álava fue despedido en 2009 de la SERT de Álava, tras llevar 15 años trabajando en la misma, por pedir que se cumpliera la ley del Tabaco en una empresa que almacena miles de litros de material inflamable. La dirección colgó la legislación en el tablón de anuncios ...

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... señalándolo con su nombre y DNI. A partir de aquel momento el ambiente se hizo irrespirable en más de un sentido y la empresa buscó varias faltas leves por las que ponerlo en la calle. El juez le dio le ha dado la razón en primera instancia ¿Harán ahora como la Corte Suprema de Tennessee? La actual Ley del Tabaco española tiene más relación con las leyes Segregacionistas de los EE.UU que con un ordenamiento basado en los principios de igualdad y no discriminación de nuestra Constitución.

El no fumador en España es un paria social, un negro de la Sudáfrica de Soweto y Bantustán que, para ocupar el lugar sometido que le corresponde, debe renunciar a su ciudadanía y aceptar sin chistar las normas de una minoría fumadora opresora, para convertirse pacíficamente en uno de los 6000 muertos anuales por humo de segunda mano. Comparar el Apartheid con la situación del no fumador parece provocador pero, de hecho, las analogías con ésta y otras discriminaciones son tan evidentes que las entroncan con la lucha de Mandela, las marchas por los derechos civiles en los EE. UU de Martin Luther King y los derechos de los homosexuales de Harvey Milk, haciendo que merezca la pena plantear las similitudes, especialmente cuando esta falsa "Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo" ha servido para poco más que los supremacistas fumadores clamen al cielo ante un falso acoso mientras que la realidad cotidiana del país, especialmente en bares, restaurantes y ocio nocturno solo ha cambiado en que los Afrikaner- fumadores poseen un marco legal que legitima la mala educación y mina por igual nuestra salud y nuestros derechos.

Un Apartheid ante todo, es una minoría privilegiada que oprime y despoja de derechos a una mayoría. Tal es la situación del no fumador en España. La Sudáfrica que encarceló 30 años a Mandela tenía un 20 por ciento de la población blanca. Aquí, menos de una tercera parte de de la población impone su cigarro a todo el sector de la hostelería, exponiendo a dos tercios de la misma a sustancias cancerígenas que cuestan miles de muertes al año y millones de euros al sistema sanitario. De esta forma, los ciudadanos no fumadores, al entrar en un local se convierten en ciudadanos de segunda clase o, mejor dicho no-ciudadanos, desde el momento que una minoría obtiene el respaldo legal del estado para pisotear el derecho a la igualdad, no discriminación "por cualquier otra condición o circunstancia personal o social." (art 14 CE) y la salud. Y qué decir de los empleados de hostelería, a los que en Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce que el empresario "deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo". Como apunte, un trabajador en un espacio con humo tiene un 50% más de posibilidades de sufrir cáncer de pecho.

De la vieja a la nueva.

La vigente Ley del Tabaco española cometió el error de aprobar las "excepciones" en los espacios cerrados, con el malhadado anexo a la ley. Mientras tanto, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Suecia, la champions league europea, consciente del poder letal del tabaco decidió proteger al no fumador de sufrirlo en TODOS los espacios cerrados, incluyendo la hostelería. Más muertes al año que las que causa la carretera y toneladas de evidencia científica parecen no ser suficientes. De este modo, la ley española actúa efectivamente como valedora de una minoría privilegiada que, con su hábito de fumar, no solo se expone a gravísimas enfermedades, sino que las impone a la gran mayoría de la población.

Este sistema de apartheid del no fumador tiene consecuencias sobre la salud con un impacto económico cuantificable. ¿Cuánto se ahorraría la Seguridad Social si, como en Italia, descendieran un 11% los infartos de miocardio tras 5 meses de aplicación de la ley? Todavía más claro es el caso de Pueblo, en el estado de Colorado, EE.UU. donde las hospitalizaciones por 100.000 habitantes se redujeron de 257 a 152 en un período de 3 años tras prohibir fumar en todos los bares de la zona. Ante esta evidencia acumulada, negar los efectos perniciosos sobre la salud cardiovascular es como negar el cambio climático y la evolución. Esta vez sí, nuestros legisladores no deben permanecer ciegos ni sordos a la evidencia científica que habla de los efectos para la salud, ni a la injusticia que supone para el no fumador la ley actual.

La nueva ley no contemplará excepciones para los espacios cerrados que serán 100% libres de humo. Y deberá tener un sistema de aplicación de multas simple y efectivo, como las multas de tráfico, aplicadas por inspectores y policía. La Ministra tiene todos los informes a mano y ha tenido tiempo para aprender de la experiencia en otros países para no repetir errores del pasado. Europa vive ya libre de humo. ¿Cuánto tiempo tardaremos aún en acabar con la discriminación del no fumador? Como Ida B. Wells, como Mandela, como Luis José Merino Álava, queremos al fin poder ser ciudadanos de plenos derechos.


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